miércoles, 18 de marzo de 2009

Hacia la liberación de familias guaraníes cautivas en Alto Parapetí

-El Gobierno nacional entregó a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) títulos notariales por 36 mil hectáreas revertidas a cinco terratenientes que tenían 50 familias guaraníes en servidumbre, según el Viceministerio de Tierras. Para que los predios sean definitivamente del pueblo Guaraní, aún queda esperar el pronunciamiento del Tribunal Agrario Nacional El presidente de Bolivia, Evo Morales, se presentó en la entrada de la estancia Caraparicito, en Alto Parapetí, para entregar títulos notariales por 36 mil
hectáreas a comunidades indígenas de la zona. La mayoría de las tierras correspondían a ocho estancias del chaco cruceño, cuyas actividades productivas beneficiaban de la servidumbre de familias guaraníes desde hace generaciones. Así lo demostró el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en los saneamientos que
pudo realizar durante los últimos meses con apoyo de la Policía Nacional, ya que los hacendados habían organizado grupos armados para oponerse violentamente a la intervención del Estado. Para que las tierras pertenezcan definitivamente a los guaraníes, aún resta esperar las resoluciones del Tribunal Agrario Nacional sobre las impugnaciones que las cinco familias latifundistas presentarán al procedimiento
del INRA.

"Exigimos el estricto cumplimiento de la reforma agraria y de la nueva Constitución Política del Estado, de las leyes vigentes a nivel nacional", dijo el secretario de Tierra y Territorio de la Capitanía de Alto Parapetí, José Yamangay. "Ha llegado el momento en que tenemos que aplicar la justicia, hermanos. Con este castellano prestado muchas veces nos equivocamos, pero de todas maneras para entendernos tenemos que hacer esfuerzo -agregó el dirigente-. Estamos de pie, vamos a seguir luchando por la justicia, vamos a seguir eliminando, enterrando la esclavitud, vamos a seguir buscando la liberación para los demás hermanos en esta región".

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en las haciendas de Alto Parapetí hay 800 familias en "servidumbre análoga a la esclavitud".

"Nos sentimos muy orgullosos de nuestra tierra, es muy rica en biodiversidad, recursos naturales renovables y no renovables, mucho tiempo ambiciados por empresas transnacionales, los terratenientes, partidos políticos que se quisieron y quieren apropiar de nuestro territorio ancestral. Nunca nosotros renunciaremos a nuestra demanda histórica, que hemos planteado en 1996, tras la aprobación de la ley INRA.
Al Estado boliviano iniciamos la demanda de 10 millones de hectáreas, que corresponden al territorio ancestral del pueblo Guaraní, que está desde antes del pueblo boliviano. Este territorio fue siempre nuestro, siempre será, siempre que haya voluntad política del Estado", afirmó el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Wilson Changaray.

"Los pueblos indígenas y los bolivianos somos promotores de este proceso de cambio. No es sólo el presidente Evo Morales: este proceso de cambio es nuestro, nosotros hemos marchado, hemos andado largos días de caminata, hemos derramado sangre y no podemos retroceder. Estamos en un proceso de cambio que tenemos que apoyar. No es el presidente, es el pueblo. El pueblo tiene que gobernar por el respeto a nuestros derechos a la educación, a la salud y al bienestar social", sostuvo el líder guaraní.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dio detalles sobre el saneamiento de este territorio, ubicado en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz. Los títulos notariales se entregaron como resultado del saneamiento de dos polígonos de Alto Parapetí, que suman 88 mil hectáreas. "Es el área más grande, más conflictiva, más dolorosa de este territorio. Aquí hay una importante cantidad de predios propiedad de pequeños y medianos productores, además de empresarios de Alto Parapetí, a los que hoy entregamos 34 títulos ejecutoriales. En los próximos días este número casi se duplicará. Así queda categóricamente desmentida una de las versiones con que de manera mentirosa e infame se intentó reprimir el proceso de saneamiento y se llevó a la violencia a mucha gente en esta provincia. Decían que
saneamiento era para quitar la tierra a los productores y dársela a los collas, los aymaras, los invasores", dijo Almaraz. En los próximos meses se sanearán otros tres polígonos, que completan las 157 mil hectáreas de Alto Parapetí.

El Gobierno entregó 36 mil hectáreas a la organización del pueblo Guaraní. "Es la primera superficie de territorio que se les dotará para su bienestar y el desarrollo de pueblo. Hay que entenderlo sólo como un adelanto. En poco tiempo más la superficie del Territorio Comunitario de Origen (TCO) tendrá las dimensiones de necesidad de este pueblo para desarrollarse, ser próspero y plenamente libre. Ocho
predios de cinco familias, 36 mil hectáreas, se redistribuirán. Al no cumplir la Función Económica Social (FES) se anulan títulos ejecutoriales viciados, se declaran 'fiscales' a las tierras para entregarlas en propiedad comunitaria al pueblo Guaraní, su verdadero dueño", indicó el viceministro.

Aclaró que la reversión "no obedece a improductividad, porque en estas estancias hay ciertamente ganado, cultivos, pero no hay un respeto indispensable -característico de la FES- por el interés público. No puede haber FES si esa producción se hace merced a la violación de derechos laborales y humanos. No puede reconocerse esa producción si se ha hecho con trabajo esclavo de generaciones de guaraníes, o con el
trabajo gratuito, remunerado apenas en especie, peor con conculcación de voluntad y de libertad de guaraníes. Si ese trabajo ha sido hecho por familias a las que, por ejemplo, se les ha prohibido organizarse, a las cuales se les impone la voluntad patronal de manera violenta, brutalmente violenta, no será más reconocido por el Estado como FES. Y por muchas vacas que haya, esa tierra se redistribuirá a favor de las comunidades que las trabajan". Según los datos del Viceministerio de Tierras, en
estas estancias se encontraban 50 familias guaraníes en servidumbre.

En el saneamiento de los polígonos 3 y 4, de 88 mil hectáreas, se distinguieron 88 propiedades. En ocho estancias se hallaron familias guaraníes sometidas a esclavitud, por eso serán revertidas. Sin embargo, Almaraz declaró que el proceso aún no terminó. "Todavía resta esperar la previsibles impugnaciones de los
terratenientes afectados, lo que merecerá pronunciamiento del Tribunal Agrario Nacional".

Según Almaraz, las 80 propiedades que cumplen la FES terminarán de recibir en los próximos días los títulos otorgados por el Gobierno.

Alto Parapetí alberga varios yacimientos gasíferos. Por eso, uno de los argumentos de los gremios empresariales para oponerse al saneamiento era que, en realidad el pueblo Guaraní lo que persigue es "quedarse con el gas". Pero en la Nueva Constitución aprobada en el referéndum de enero, se menciona que los recursos naturales no renovables son propiedad del pueblo boliviano. "¿Por qué a los representantes gremiales de las cinco familias terratenientes de Alto Parapetí les inquieta tanto, les desespera que los guaraníes puedan ser dueños de esta tierras? Porque dicen que así podrían ser dueños del gas y no les preocupa en absoluto que sean dueños de esta misma tierra los Larsen, los Chávez, los Malpartida y los Curcuy ¿Cómo es eso? Una vez más se demuestra que hay una cúpula político-gremial-cívica
que está para defender los intereses ilegítimos de un estrecho puñado y obstruir los derechos de las grandes mayorías, sobre todo de esa mayoría de cruceños que son los guaraníes, los indígenas, los pequeños productores", sostuvo Almaraz.

En el último referéndum, el 25 de enero, la nueva Constitución fue aprobada por el 61 por ciento del electorado. En la misma ocasión se consultó cuál debería ser el límite de la propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. Las cinco mil hectáreas se impusieron por el 80 por ciento de los votos. No obstante, los predios ya constituidos que superen las cinco mil hectáreas serán respetados por el Estado mientras cumplan la FES. Esta fue una de las concesiones del Gobierno que destrabó las negociaciones que mantenían en el Congreso los partidos de la oposición y del oficialismo, luego del intento de golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre pasado, que dejó 20 muertos. También se estableció en estas negociaciones que la
superficie que exceda el máximo constitucional serán expropiadas por el Estado.

En Alto Parapetí, el presidente pidió a quienes son propietarios de más de cinco mil hectáreas devolver el excedente "voluntariamente" al pueblo. Es de esperar que ni en sueños los terratenientes entreguen parte de sus propiedades, legalmente constituidas gracias al pacto de octubre de 2008 entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Morales sostuvo que si los latifundistas tuvieran este gesto de grandeza, "serían muy respetados". En este sentido, Morales afirmó que "siempre será respetada la propiedad privada".

Para el presidente, "el problema de la tierra llega con la invasión europea, la invasión española, la opresión. Tantas cosas que pasaron y la lucha histórica de los pueblos originarios es la lucha por tierra y territorio. Ustedes saben su historia, la historia de los pueblos indígenas, a los que ni siquiera la colonia los ha doblegado, más bien en la época de la república. Queremos conocer mejor la lucha de
nuestros antepasados", dijo en la entrada de la hacienda de Ronald Larsen, un estadounidense que el año pasado encabezó la resistencia al saneamiento y cuyas tierras están en proceso de reversión.

Y agregó: "Para mí, para el movimiento indígena, sea aymara, quechua, guaraní, nunca ha habido tierras baldías ni fiscales. Puedo tener diferencias con los abogados, porque ese territorio históricamente tiene su dueño, tiene habitantes. Luego llegan las normas, se legalizan tierras, se titulan, se sanean, y recién vienen las tierras fiscales o baldías. Si lo pensamos bien, la plaza Murillo, con el Palacio y el
Parlamento, están en territorio aymara, porque todos los territorios tenían su dueño antes de la invasión europea. Últimamente inventan que hay que dotar tierras. En vez de que ese Estado colonial dote tierras, el movimiento indígena aymara, guaraní, chiquitano, entre otros, deben dotar tierras a quienes nos han invadido, eso es lo justo, es nuestra historia".


Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)

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