Las actividades petroleras siempre han generado impactos ambientales y sociales. En ocasiones estos impactos han sido catastróficos, tal como sucedió en el norte de la Amazonía ecuatoriana desde los años 60 del siglo pasado. Desgraciadamente, desde entonces, Ecuador ha quedado atrapado en un modelo del que sin duda nos costará salir, pero que mientras más pronto lo hagamos, será mucho mejor.
Si las operaciones petroleras son perniciosas para el ambiente y la sociedad, lo son mucho más en las áreas protegidas, pues afectan zonas en extremo sensibles. Es más, distorsionan los acuerdos logrados para la conservación de la biodiversidad, es decir el patrimonio de la nación. Cuando estas operaciones afectan a pueblos caracterizado por una vulnerabilidad extrema, entonces sus consecuencias son letales. Por lo tanto, el respeto a estas zonas no es una elección sino que representa una obligación legal, moral y ética.
Estas consideraciones son hoy más urgentes, luego de conocer la muerte de un grupo de personas en la zona correspondiente a los bloques 14 y 17, ahora en manos de Petroriental/ Andes Petroleum. Estos bloques están localizados dentro del Parque Nacional Yasuní. Particularmente en el bloque 17 se habría registrado la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.
La naturaleza, hoy sujeto de derechos, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, en la cual usted fue uno de sus artífices, y los pueblos indígenas, han vivido momentos dolorosos en estos bloques. Muchos de ellos han sido denunciados. La contaminación por aguas de formación, los derrames de crudo, la destrucción de la biodiversidad y el desprecio a las comunidades, han estado a la orden del día. En estos bloques, por lo tanto, se han acumulado una serie de problemas sociales y ambientales, que en muchos casos afectan los territorios de los pueblos libres en aislamiento voluntario.
Los acontecimientos ocurridos el 10 de agosto en la comunidad Los Reyes, en el Campo Hormiguero Sur A, bloque 17, son la gota que derrama el vaso y que obliga a tomar medias urgentes. Por esto nos dirigimos a usted para demandar la suspensión inmediata de las operaciones de la empresa Petroriental /Andes Petroleum y el inicio de un proceso de auditoría y de negociación que permita el retiro definitivo de esta empresa de los bloques mencionados.
Basamos nuestro pedido en los siguientes argumentos:
1. Se trata de operaciones dentro del Parque Nacional Yasuní. El gobierno ecuatoriano está promoviendo una iniciativa internacional de protección de este Parque, la iniciativa Yasuní/ITT, que se vería afectado en su credibilidad, pues cada uno de los argumentos sostenidos entran en contradicción con el mantener una operación como ésta.
2. La nueva Constitución Política de la República del Ecuador , en su artículo 57 numeral 21 determina que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio[ que será tipificado por la ley”.
3. Los pueblos en aislamiento voluntario son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de mayo del 2006. Estas medidas obligan al Estado a adoptar acciones de protección, en concreto “El Gobierno del Ecuador está obligado bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana a respetar y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes del país, incluyendo los Tagaeri-Taromenane y los restantes Oñamenane.” .
4. Mantener la presencia de esta empresa petrolera en esta zona erosionaría gravemente las señales de preocupación y responsabilidad que el caso demandan. Esto a pesar de que se han tomado algunas acciones para proteger estos pueblos, como son la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el Plan de Medidas Cautelares a favor de los pueblos Taromenane y Tagaeri, el Acuerdo Interministerial entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural y el Ministerio de Minas y Petróleos, para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento.
5. Se trata de una empresa que ha cometido varias infracciones e irregularidades sobre todo en materia laboral, como los denunciados por sus trabajadores y ha provocado conflictos por incumplimientos de acuerdos con las comunidades, como fue el que provocó el conflicto en Dayuma.
6. La misma empresa posee dentro de sus instrumentos internos de comportamiento, la posibilidad de detener sus operaciones frente a la presencia de pueblos en aislamiento voluntario, es decir estaría incumpliendo sus propias políticas.
Por todo lo señalada esperamos sinceramente que se suspendan las actividades de esta empresa de manera inmediata. Sería muy grave que incidentes como este justifiquen por ejemplo la militarización de la zona, o respuestas de carácter policial, cuando en realidad las respuestas de acompañamiento que deben primar son eminentemente sociales y esto pasa por dar satisfacción a los derechos de las comunidades de la zona, incluyendo la reparación por los daños ambientales ya ocurridos, los del régimen del buen vivir y sobre todo los del respeto a la condición de aislamiento de los pueblos Tagaeri y Taromenane.
Siguen Firmas:
Por favor incluya su firma aquí y reenvienos el mensaje
sudamerica@oilwatch.org
Fuente: Red Ucayali
lunes, 31 de agosto de 2009
Doce indígenas asesinados a tiros
Doce miembros del pueblo indígena awa fueron asesinados a tiros ayer, 26 de agosto, por un grupo de hombres armados no identificados.
“Según la información recibida, hombres vestidos con prendas militares, sin distintivos y encapuchados dispararon indiscriminadamente a la casa de una familia awa.”, informó la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
Entre los fallecidos hay varios niños así como una mujer cuyo marido también fue asesinado a tiros este mismo año.
Un grupo de líderes awa ha viajado al lugar de los hechos, en el territorio awa al suroeste de Colombia, para investigar qué sucedió. Éste ha sido el último de una serie de tiroteos que han tenido lugar este año y que se han saldado con la muerte de varios awa.
Los awa, como muchos pueblos indígenas de Colombia, han sufrido durante años la invasión y destrucción de sus tierras como resultado del violento conflicto entre el ejército colombiano, las guerrillas y los grupos paramilitares.
Los awa de Colombia no están relacionados con el remoto pueblo awá de Brasil.
Para más información contactar con la ONIC.
Fuente: Survival.es
“Según la información recibida, hombres vestidos con prendas militares, sin distintivos y encapuchados dispararon indiscriminadamente a la casa de una familia awa.”, informó la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
Entre los fallecidos hay varios niños así como una mujer cuyo marido también fue asesinado a tiros este mismo año.
Un grupo de líderes awa ha viajado al lugar de los hechos, en el territorio awa al suroeste de Colombia, para investigar qué sucedió. Éste ha sido el último de una serie de tiroteos que han tenido lugar este año y que se han saldado con la muerte de varios awa.
Los awa, como muchos pueblos indígenas de Colombia, han sufrido durante años la invasión y destrucción de sus tierras como resultado del violento conflicto entre el ejército colombiano, las guerrillas y los grupos paramilitares.
Los awa de Colombia no están relacionados con el remoto pueblo awá de Brasil.
Para más información contactar con la ONIC.
Fuente: Survival.es
Puesto de Control y Monitoreo de Pueblos Indígenas Aislados 2009-08-19
QUITO.- El ministerio del Ambiente puso en funcionamiento un Puesto de Control y Monitoreo de Pueblos Indígenas Aislados (PIA), en la zona de El Pindo, parroquia Dayuma, provincia de Orellana, donde el pasado 10 de agosto murieron una mujer y dos niños en un ataque presumiblemente taromenane.
Cuenta con la presencia permanente de efectivos policiales, así como técnicos del plan sobre "medidas cautelares para la protección de Pueblos Indígenas Aislados", con el fin de brindar seguridad a los pobladores de las comunidades del sector, así como hacer un seguimiento de la posible presencia de aislados en el área.
El lugar, ocupado principalmente por fincas campesinas y pozos petroleros manejados por la compañía PetroOriental, está fuera del parque nacional Yasuní y antes del ataque, no se había informado sobre indicios de presencia de posibles atacantes. Dadas las características de la zona donde no hay condiciones para la caza y la recolección, no presta condiciones para ello.
La incursión del lunes 10 podría responder a presiones, que estarían enfrentando los aislados en sus territorios tradicionales, guerras interclanes, crecimiento de la frontera colonizadora. O también como una venganza en respuesta a ataques, que habrían sufrido en los últimos tiempos, como la matanza de 2003 donde murieron 30 mujeres y niños.
A la vez del control se ejecutan proyectos para desarrollo comunitario, redes de salud preventiva, control y detención de tráfico de madera, sistemas de comunicación con radios de alta frecuencia entre las comunidades y áreas de incidencia, con el fin de disminuir las presiones. (RVR)
Fuente: El Mercurio.com.ec
Cuenta con la presencia permanente de efectivos policiales, así como técnicos del plan sobre "medidas cautelares para la protección de Pueblos Indígenas Aislados", con el fin de brindar seguridad a los pobladores de las comunidades del sector, así como hacer un seguimiento de la posible presencia de aislados en el área.
El lugar, ocupado principalmente por fincas campesinas y pozos petroleros manejados por la compañía PetroOriental, está fuera del parque nacional Yasuní y antes del ataque, no se había informado sobre indicios de presencia de posibles atacantes. Dadas las características de la zona donde no hay condiciones para la caza y la recolección, no presta condiciones para ello.
La incursión del lunes 10 podría responder a presiones, que estarían enfrentando los aislados en sus territorios tradicionales, guerras interclanes, crecimiento de la frontera colonizadora. O también como una venganza en respuesta a ataques, que habrían sufrido en los últimos tiempos, como la matanza de 2003 donde murieron 30 mujeres y niños.
A la vez del control se ejecutan proyectos para desarrollo comunitario, redes de salud preventiva, control y detención de tráfico de madera, sistemas de comunicación con radios de alta frecuencia entre las comunidades y áreas de incidencia, con el fin de disminuir las presiones. (RVR)
Fuente: El Mercurio.com.ec
lunes, 17 de agosto de 2009
TERROR AMAZÓNICO
Por Mario Melo
El lunes 10 de agosto de 2009, mientras la atención del país se centraba en los actos de asunción de Rafael Correa en su segundo periodo como Presidente del Ecuador, una madre de familia caminaba con sus hijos por una lodosa senda amazónica, en busca de cumplir el rito anual de matricular los niños en la escuela.
Pasado el medio día sucedió lo inimaginable. Fueron atacados y en el cuerpo de la mujer quedaron enterradas diez lanzas de chonta. Para matar al hijo adolescente bastaron cinco lanzas. Con solo dos lanzazos el delicado cuerpo de una niña de doce años quedó herido de muerte. Mientras dos niños pequeños salvaban sus vidas escondidos entre la maleza, los atacantes huían con el menor de la familia, un bebé de solo siete meses de edad.
¿Por qué la tragedia se derramó de un solo baldazo sobre esa familia? Porque habían cometido tres pecados capitales: ser campesinos, ser pobres y vivir lejos.
¿Quién pudo cometer tan horrendo crimen? ¿Cuál habrá sido el móvil? Aún no lo sabemos.
Las respuestas rápidas no sirven. Las imputaciones obvias siempre son sospechosas.
Las armas mortales reposan sobre el piso de una dependencia policial. El fiscal ha dispuesto una pericia, a cargo de de dos miembros de la Policía Nacional para que descifren el enigma: ¿son lanzas tagaeri? ¿son taromenane? ¿son waorani? ¿de quién son? Los policías no saben.
Nadie, ningún experto, ningún funcionario puede resolver el enigma de una sola mirada. Pretender hacerlo es simplemente irresponsable. Esas lanzas pueden decir mucho si son sometidas a un estudio serio, profundo, científico. Hay que dejarles hablar. Su longitud, su peso, su forma, cada uno de sus materiales, cada detalle de sus ornamentos pueden decir mucho sobre sus fabricantes, sobre sus creencias, sobre sus angustias, sobre sus motivos. Son un vestigio trágico, pero son, a la vez, patrimonio de nuestra nación diversa y deben ser protegidas como tal.
La justica penal, necesariamente imbuida de la plurinacionalidad y multiculturalidad que proclama la Constitución, es la llamada a investigar y darnos la verdad material que demandamos.
Mientras tanto, el primer deber del Estado es garantizar los derechos fundamentales. El derecho a la vida y a la integridad de todos y todas sin discriminación. De los mestizos y de los indígenas, De los que están integrados a la sociedad mayor y de quienes no lo están. En esta situación, hacerlo implica asumir la parte de la responsabilidad que corresponde al Estado. Así, hay que partir de los hechos ya establecidos:
1) El ataque sucede a 200 metros del pozo Hormiguero 2, en el Bloque petrolero No. 17.
2) En la zona del ataque, existen al menos tres comunidades colonas y tres comunidades waorani.
3) Estudios antropológicos previos ya alertaron de la presencia en dicha zona de pueblos indígenas aislados.
4) Disputas étnicas y territoriales; el proyecto petrolero; la construcción de obras de desarrollo, constituyen a la zona en un punto caliente de conflictividad.
En definitiva, colonos y petroleros están donde no deberían estar.
Frente a estas situaciones, el Estado ya ha definido políticas. En primer lugar, ha asumido su responsabilidad de dar cumplimiento a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que implican “que adopte las medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en especial adopte las medidas necesarias para proteger el territorio en el que habitan e impedir el ingreso de terceros.” Al efecto el Ministerio viene implementando un Plan de Cumplimiento.
Luego, la Constitución vigente desde 2008 establece claramente que: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley” (Art. 57).
Habiendo las políticas, habiendo las normas, al Estado no le queda más que cumplirlas. La constancia de que la zona del ataque es parte del territorio de pueblos aislados, obliga a que en respeto a sus derechos las actividades extractivas cesen inmediatamente.
Lo más probable es que el hilo se corte por lo más débil y quienes salgan de la zona sean los colonos campesinos pobres. Esa medida, necesariamente debe ser tomada con garantía de los derechos de los afectados a ser reubicados en condiciones que garanticen su calidad de vida. Pero si la actividad petrolera no sale de la zona, la amenaza sobre los pueblos aislados y sobre la vida de los mismos trabajadores petroleros subsiste con toda su gravedad. Dicha omisión podría configurar en quienes debiendo actuar no lo hacen, la responsabilidad que las reformas al Código Penal de abril de 2009 establecen para el delito de etnocidio.
Casi al medio día del miércoles 12 de agosto de 2009, el pequeño hijo de la madre victimada fue encontrado ileso en el bosque, a algunos cientos de metros del sitio del ataque. El feliz hallazgo es un símbolo de que en medio del terror siempre hay esperanza para la vida.
14 de agosto de 2009
Abogado, profesor universitario, asesor de Fundación Pachamama
El Universo. 13 de agosto de 2009
Proaño y Colleoni. Taromenane warani nani. Abya Yala-Fundación Pachamama. Diciembre de 2008
Medidas cautelares MC-91/06 de 10 de mayo de 2006
El lunes 10 de agosto de 2009, mientras la atención del país se centraba en los actos de asunción de Rafael Correa en su segundo periodo como Presidente del Ecuador, una madre de familia caminaba con sus hijos por una lodosa senda amazónica, en busca de cumplir el rito anual de matricular los niños en la escuela.
Pasado el medio día sucedió lo inimaginable. Fueron atacados y en el cuerpo de la mujer quedaron enterradas diez lanzas de chonta. Para matar al hijo adolescente bastaron cinco lanzas. Con solo dos lanzazos el delicado cuerpo de una niña de doce años quedó herido de muerte. Mientras dos niños pequeños salvaban sus vidas escondidos entre la maleza, los atacantes huían con el menor de la familia, un bebé de solo siete meses de edad.
¿Por qué la tragedia se derramó de un solo baldazo sobre esa familia? Porque habían cometido tres pecados capitales: ser campesinos, ser pobres y vivir lejos.
¿Quién pudo cometer tan horrendo crimen? ¿Cuál habrá sido el móvil? Aún no lo sabemos.
Las respuestas rápidas no sirven. Las imputaciones obvias siempre son sospechosas.
Las armas mortales reposan sobre el piso de una dependencia policial. El fiscal ha dispuesto una pericia, a cargo de de dos miembros de la Policía Nacional para que descifren el enigma: ¿son lanzas tagaeri? ¿son taromenane? ¿son waorani? ¿de quién son? Los policías no saben.
Nadie, ningún experto, ningún funcionario puede resolver el enigma de una sola mirada. Pretender hacerlo es simplemente irresponsable. Esas lanzas pueden decir mucho si son sometidas a un estudio serio, profundo, científico. Hay que dejarles hablar. Su longitud, su peso, su forma, cada uno de sus materiales, cada detalle de sus ornamentos pueden decir mucho sobre sus fabricantes, sobre sus creencias, sobre sus angustias, sobre sus motivos. Son un vestigio trágico, pero son, a la vez, patrimonio de nuestra nación diversa y deben ser protegidas como tal.
La justica penal, necesariamente imbuida de la plurinacionalidad y multiculturalidad que proclama la Constitución, es la llamada a investigar y darnos la verdad material que demandamos.
Mientras tanto, el primer deber del Estado es garantizar los derechos fundamentales. El derecho a la vida y a la integridad de todos y todas sin discriminación. De los mestizos y de los indígenas, De los que están integrados a la sociedad mayor y de quienes no lo están. En esta situación, hacerlo implica asumir la parte de la responsabilidad que corresponde al Estado. Así, hay que partir de los hechos ya establecidos:
1) El ataque sucede a 200 metros del pozo Hormiguero 2, en el Bloque petrolero No. 17.
2) En la zona del ataque, existen al menos tres comunidades colonas y tres comunidades waorani.
3) Estudios antropológicos previos ya alertaron de la presencia en dicha zona de pueblos indígenas aislados.
4) Disputas étnicas y territoriales; el proyecto petrolero; la construcción de obras de desarrollo, constituyen a la zona en un punto caliente de conflictividad.
En definitiva, colonos y petroleros están donde no deberían estar.
Frente a estas situaciones, el Estado ya ha definido políticas. En primer lugar, ha asumido su responsabilidad de dar cumplimiento a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que implican “que adopte las medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en especial adopte las medidas necesarias para proteger el territorio en el que habitan e impedir el ingreso de terceros.” Al efecto el Ministerio viene implementando un Plan de Cumplimiento.
Luego, la Constitución vigente desde 2008 establece claramente que: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley” (Art. 57).
Habiendo las políticas, habiendo las normas, al Estado no le queda más que cumplirlas. La constancia de que la zona del ataque es parte del territorio de pueblos aislados, obliga a que en respeto a sus derechos las actividades extractivas cesen inmediatamente.
Lo más probable es que el hilo se corte por lo más débil y quienes salgan de la zona sean los colonos campesinos pobres. Esa medida, necesariamente debe ser tomada con garantía de los derechos de los afectados a ser reubicados en condiciones que garanticen su calidad de vida. Pero si la actividad petrolera no sale de la zona, la amenaza sobre los pueblos aislados y sobre la vida de los mismos trabajadores petroleros subsiste con toda su gravedad. Dicha omisión podría configurar en quienes debiendo actuar no lo hacen, la responsabilidad que las reformas al Código Penal de abril de 2009 establecen para el delito de etnocidio.
Casi al medio día del miércoles 12 de agosto de 2009, el pequeño hijo de la madre victimada fue encontrado ileso en el bosque, a algunos cientos de metros del sitio del ataque. El feliz hallazgo es un símbolo de que en medio del terror siempre hay esperanza para la vida.
14 de agosto de 2009
Abogado, profesor universitario, asesor de Fundación Pachamama
El Universo. 13 de agosto de 2009
Proaño y Colleoni. Taromenane warani nani. Abya Yala-Fundación Pachamama. Diciembre de 2008
Medidas cautelares MC-91/06 de 10 de mayo de 2006
“Ya hay una ruta en la conquista de los derechos indígenas”
Nina Pacari, Ex Canciller del Ecuador“Los pueblos indígenas vemos con mucho interés cómo se van materializando nuestras aspiraciones”. “El siguiente paso es la materialización del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
El reconocimiento de los pueblos indígenas es un camino trazado en Bolivia y su incorporación en la diplomacia nacional, para la ex canciller del Ecuador Nina Pacari, puede servir de ejemplo para los países de la región, sobre todo los de la zona andina que tienen realidades similares a la boliviana.
Pacari se encuentra en el país para dar cursos sobre derechos indígenas en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Destaca la inclusión de lo plurinacional en el ámbito diplomático. Considera un avance la inclusión de los pueblos indígenas en la nueva Constitución y dice que el siguiente paso es la materialización de sus derechos.
—Es novedoso que se incorpore el tema, no sólo de los derechos indígenas, sino la problemática indígena dentro de la diplomacia boliviana. ¿Cómo está viendo este avance?
—Sumamente importante, fundamental diría yo en la medida en que, por un lado, está la incorporación desde el sector pluricultural del país, como miembros (indígenas) para la carrera diplomática; por otro, en cuanto a contenidos, el cómo conocer materias que han estado fuera del tratamiento de la diplomacia, dígase de derecho de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes; (ver) cómo la norma internacional ha avanzado y cómo en las instancias del sistema, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, como representación de un Estado plurinacional, le va a corresponder a toda la diplomacia (boliviana), representarlas y tienen que hacerlo desde la membresía diversa, así como desde los contenidos diversos de un país.
—¿Cómo se ve el camino que Bolivia ha transitado en estos años?
—Nosotros, como pueblos indígenas, (lo vemos) con mucho interés, viendo no sólo las novedades, sino el hecho de que se van materializando algunas de las aspiraciones que en cada uno de nuestros países tenemos; eso alimenta para animar con fuerza la continuación de nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos, por la conquista de derechos.
Se ve que hay una ruta, que hay un camino trazado y como ya está, a escala mundial, posicionada la diversidad cultural de los pueblos indígenas, no sólo por una reforma constitucional, sino desde la lucha de los pueblos indígenas, desde la década de los 90; es un paso que no tiene vuelta atrás; la inclusión de los pueblos indígenas es un hecho, es una medida y así lo están considerando también en países europeos o iberoamericanos, en que hay un nuevo actor que no ha llegado de visita, que no fue considerado y (que está ahora) para mantenerse, para permanecer, para avanzar, para recrear y, de hecho, para contribuir al desarrollo del país.
—¿Cómo puede incidir la incorporación de los indígenas dentro de la diplomacia de la región?
—Aceptando (aquello) ya como un marco institucional como tal; puede ser el ejemplo para que los otros países lo adopten. En el Ecuador, en el año 2003, durante seis meses cuando asumí la Cancillería, se hizo este intento; pero seis meses son insuficientes y cuando salí, de hecho, lo poco que se comenzó a implementar quedó nuevamente en nada.
Siendo la realidad de los Estados de la región andina similar a la de Bolivia, lo que tiene que expresarse, justamente, al amparo del principio de la plurinacionalidad, es esa incorporación de los sectores excluidos, de los pueblos indígenas, sectores populares del ámbito académico, cultural, en fin, esa riqueza es lo que le va a dar una solidez y va a incidir en los otros países para que de una u otra manera puedan acoplarse a los nuevos vientos, a las nuevas realidades, a las exigencias que están de nuevo alertas en América Latina.
—Bolivia y Ecuador están desarrollando procesos que son novedosos en el sentido de que se están incorporando en los marcos normativos los derechos y las prácticas indígenas. ¿Cómo se está viendo ese avance?
—Creo que se han dado saltos más visibles, porque la lucha de los pueblos indígenas viene desde hace algunos años y en materia de constitucionalización también. La década de los 90, por ejemplo con Colombia y el propio caso del Ecuador, fue sumamente importante en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el carácter pluricultural. Ahora que se han hecho nuevas constituciones, lo que se ha hecho es ampliar, reafirmar e incluir el principio de la plurinacionalidad. Significa que están incluidos en la Constitución y que el siguiente paso es la materialización para la efectivización plena del ejercicio de los derechos indígenas y creo que ése es el gran salto que están dando, de lo que está en el marco constitucional a materializarlo en lo cotidiano, en la institucionalidad, y que pueda ser la ruta de la inclusión efectiva de lo que se está viviendo en Bolivia y en los otros países.
—Es muy complejo que este desafío pase del papel a los hechos. ¿Cómo se puede dar este paso?
—Ya lo han comenzado, con esta primera acción que ya da la ruta de una nueva forma de gestión de la diplomacia, de un nuevo enfoque del rol de la diplomacia, me parece sumamente importante, ya es un paso. Y en las distintas instancias tendrán que darse los cambios y sobre todo la materialización de los derechos, (lo) que tendría que ver con políticas públicas en algunos casos. En el ámbito académico, que no se quede detenido con lo convencional, le va a tocar incorporar nociones de los pueblos indígenas, (que esta materia) forme parte del pénsum académico y que nuestras sociedades pluriculturales vivan con conocimientos globales y en ese sentido permitamos el desarrollo de todos los excluidos.
—¿Cómo se está viendo el avance en materia de derechos en Bolivia?
—Importante, en los derechos que antes se habían excluido, ya no solamente en función de sujetos distintos desde la perspectiva étnico-cultural, la perspectiva afrodescendiente, sino el de avanzar en el fortalecimiento institucional, por ejemplo, por la vía de la participación ciudadana, integración del Tribunal Constitucional, es una mirada al país y ya no es solamente por derechos particulares de pueblos indígenas, sino es por derechos de la ciudadanía como tal..
Y es un nuevo ejercicio, antes a lo mejor no se habrán tenido estos mecanismos, pero una sociedad viva tiene que hacer ejercicio de las cosas nuevas que están de por medio y eso abre más canales como nos ha pasado en el Ecuador; de pronto alguna cuestión que no resultó puede ser modificada y perfeccionada. El hecho de soñar con nuevas posibilidades, con nuevos derechos de la participación y de la fortaleza de la institucionalidad por la vía de esa participación ciudadana son valores no cuantificables, son inconmensurables para el fortalecimiento de la democracia, para generar situaciones o estabilidades que permitan redundar en un desarrollo más equitativo de la sociedad y creo que siempre tendrá puntos más a favor que puntos en contra respecto del desarrollo.
—¿Qué es plurinacionalidad?
—Vendría de dos aristas, lo uno respecto de la identidad. De acuerdo con el Convenio 169 (de las Naciones Unidas) adoptado por los Estados, significa que hay un reconocimiento pleno que en cada uno de nuestros países no hay la hegemonía de una sola cultura que dominó, sino que hay culturas originarias del mismo valor y jerarquías de cualquier pueblo.
El Estado plurinacional significa incluir, democratizar y viabilizar líneas de participación, entonces no va a ser sólo un reconocimiento para que quede en el aire o en el papel, sino que los actores, los sujetos de derechos individuales y colectivos tienen que ser partícipes en la toma de decisiones, en las consultas, mediante distintos mecanismos, respetando usos y costumbres de los pueblos en general.
El reconocimiento de los pueblos indígenas es un camino trazado en Bolivia y su incorporación en la diplomacia nacional, para la ex canciller del Ecuador Nina Pacari, puede servir de ejemplo para los países de la región, sobre todo los de la zona andina que tienen realidades similares a la boliviana.
Pacari se encuentra en el país para dar cursos sobre derechos indígenas en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Destaca la inclusión de lo plurinacional en el ámbito diplomático. Considera un avance la inclusión de los pueblos indígenas en la nueva Constitución y dice que el siguiente paso es la materialización de sus derechos.
—Es novedoso que se incorpore el tema, no sólo de los derechos indígenas, sino la problemática indígena dentro de la diplomacia boliviana. ¿Cómo está viendo este avance?
—Sumamente importante, fundamental diría yo en la medida en que, por un lado, está la incorporación desde el sector pluricultural del país, como miembros (indígenas) para la carrera diplomática; por otro, en cuanto a contenidos, el cómo conocer materias que han estado fuera del tratamiento de la diplomacia, dígase de derecho de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes; (ver) cómo la norma internacional ha avanzado y cómo en las instancias del sistema, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, como representación de un Estado plurinacional, le va a corresponder a toda la diplomacia (boliviana), representarlas y tienen que hacerlo desde la membresía diversa, así como desde los contenidos diversos de un país.
—¿Cómo se ve el camino que Bolivia ha transitado en estos años?
—Nosotros, como pueblos indígenas, (lo vemos) con mucho interés, viendo no sólo las novedades, sino el hecho de que se van materializando algunas de las aspiraciones que en cada uno de nuestros países tenemos; eso alimenta para animar con fuerza la continuación de nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos, por la conquista de derechos.
Se ve que hay una ruta, que hay un camino trazado y como ya está, a escala mundial, posicionada la diversidad cultural de los pueblos indígenas, no sólo por una reforma constitucional, sino desde la lucha de los pueblos indígenas, desde la década de los 90; es un paso que no tiene vuelta atrás; la inclusión de los pueblos indígenas es un hecho, es una medida y así lo están considerando también en países europeos o iberoamericanos, en que hay un nuevo actor que no ha llegado de visita, que no fue considerado y (que está ahora) para mantenerse, para permanecer, para avanzar, para recrear y, de hecho, para contribuir al desarrollo del país.
—¿Cómo puede incidir la incorporación de los indígenas dentro de la diplomacia de la región?
—Aceptando (aquello) ya como un marco institucional como tal; puede ser el ejemplo para que los otros países lo adopten. En el Ecuador, en el año 2003, durante seis meses cuando asumí la Cancillería, se hizo este intento; pero seis meses son insuficientes y cuando salí, de hecho, lo poco que se comenzó a implementar quedó nuevamente en nada.
Siendo la realidad de los Estados de la región andina similar a la de Bolivia, lo que tiene que expresarse, justamente, al amparo del principio de la plurinacionalidad, es esa incorporación de los sectores excluidos, de los pueblos indígenas, sectores populares del ámbito académico, cultural, en fin, esa riqueza es lo que le va a dar una solidez y va a incidir en los otros países para que de una u otra manera puedan acoplarse a los nuevos vientos, a las nuevas realidades, a las exigencias que están de nuevo alertas en América Latina.
—Bolivia y Ecuador están desarrollando procesos que son novedosos en el sentido de que se están incorporando en los marcos normativos los derechos y las prácticas indígenas. ¿Cómo se está viendo ese avance?
—Creo que se han dado saltos más visibles, porque la lucha de los pueblos indígenas viene desde hace algunos años y en materia de constitucionalización también. La década de los 90, por ejemplo con Colombia y el propio caso del Ecuador, fue sumamente importante en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el carácter pluricultural. Ahora que se han hecho nuevas constituciones, lo que se ha hecho es ampliar, reafirmar e incluir el principio de la plurinacionalidad. Significa que están incluidos en la Constitución y que el siguiente paso es la materialización para la efectivización plena del ejercicio de los derechos indígenas y creo que ése es el gran salto que están dando, de lo que está en el marco constitucional a materializarlo en lo cotidiano, en la institucionalidad, y que pueda ser la ruta de la inclusión efectiva de lo que se está viviendo en Bolivia y en los otros países.
—Es muy complejo que este desafío pase del papel a los hechos. ¿Cómo se puede dar este paso?
—Ya lo han comenzado, con esta primera acción que ya da la ruta de una nueva forma de gestión de la diplomacia, de un nuevo enfoque del rol de la diplomacia, me parece sumamente importante, ya es un paso. Y en las distintas instancias tendrán que darse los cambios y sobre todo la materialización de los derechos, (lo) que tendría que ver con políticas públicas en algunos casos. En el ámbito académico, que no se quede detenido con lo convencional, le va a tocar incorporar nociones de los pueblos indígenas, (que esta materia) forme parte del pénsum académico y que nuestras sociedades pluriculturales vivan con conocimientos globales y en ese sentido permitamos el desarrollo de todos los excluidos.
—¿Cómo se está viendo el avance en materia de derechos en Bolivia?
—Importante, en los derechos que antes se habían excluido, ya no solamente en función de sujetos distintos desde la perspectiva étnico-cultural, la perspectiva afrodescendiente, sino el de avanzar en el fortalecimiento institucional, por ejemplo, por la vía de la participación ciudadana, integración del Tribunal Constitucional, es una mirada al país y ya no es solamente por derechos particulares de pueblos indígenas, sino es por derechos de la ciudadanía como tal..
Y es un nuevo ejercicio, antes a lo mejor no se habrán tenido estos mecanismos, pero una sociedad viva tiene que hacer ejercicio de las cosas nuevas que están de por medio y eso abre más canales como nos ha pasado en el Ecuador; de pronto alguna cuestión que no resultó puede ser modificada y perfeccionada. El hecho de soñar con nuevas posibilidades, con nuevos derechos de la participación y de la fortaleza de la institucionalidad por la vía de esa participación ciudadana son valores no cuantificables, son inconmensurables para el fortalecimiento de la democracia, para generar situaciones o estabilidades que permitan redundar en un desarrollo más equitativo de la sociedad y creo que siempre tendrá puntos más a favor que puntos en contra respecto del desarrollo.
—¿Qué es plurinacionalidad?
—Vendría de dos aristas, lo uno respecto de la identidad. De acuerdo con el Convenio 169 (de las Naciones Unidas) adoptado por los Estados, significa que hay un reconocimiento pleno que en cada uno de nuestros países no hay la hegemonía de una sola cultura que dominó, sino que hay culturas originarias del mismo valor y jerarquías de cualquier pueblo.
El Estado plurinacional significa incluir, democratizar y viabilizar líneas de participación, entonces no va a ser sólo un reconocimiento para que quede en el aire o en el papel, sino que los actores, los sujetos de derechos individuales y colectivos tienen que ser partícipes en la toma de decisiones, en las consultas, mediante distintos mecanismos, respetando usos y costumbres de los pueblos en general.
DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR
La construcción de una nueva arquitectura financiera regional requiere una incorporación decidida y profunda de la visión ambiental. Si ella está ausente, o relegada a un papel meramente testimonial y técnico, se reproducirán los procedimientos y problemas de las instituciones financieras clásicas, y cuyos efectos ambientales y socioambientales negativos han sido ampliamente documentados.
El ímpetu y compromiso con la integración regional latinoamericana y la crisis económica
global, antes que obstáculos, brinda nuevas oportunidades para incorporar esa dimensión ambiental que aliente una economía solidaria y sostenible.
La incorporación de la dimensión ambiental requiere diversos componentes, tanto en el plano de la nueva institucionalidad económica regional como específicamente en el seno del Banco del Sur. Este banco, por sus compromisos con el desarrollo económico, social y la integración regional, requiere de esa nueva visión.
Un nuevo estilo de desarrollo resulta imperioso para la región. Este debe basarse en aspectos no sólo económicos, sino especialmente socioambientales, tanto para poder aprovechar de manera sustentable las enormes riquezas ecológicas y culturales que albergan nuestros países, como por las crecientes evidencias de su pérdida y deterioro.
La visión del Banco del Sur debe incorporar desde el diseño inicial de sus políticas la justicia social y ambiental. En ese sentido, se debe contar con un Código de Ética vinculante en temas ambientales y socioambientales, en tanto sirve como inspiración y guía de las actividades de la institución. Una nueva estrategia de desarrollo y una nueva relación con la Naturaleza es una cuestión vital para avanzar en la construcción del Buen Vivir.
El Banco del Sur debe contar con criterios y salvaguardas ambientales a lo largo de todo el ciclo de sus proyectos, desde su concepción, durante su ejecución y una vez finalizados. También debe generar incentivos para consolidar otra forma de vida armónica con los ciclos de la Naturaleza y alentar otros estilos de producción y consumo, procesos productivos de menor impacto ambiental, uso cuidadoso de materia y energía, y una mayor generación de trabajo dignificante. Esos criterios, reconociendo la diversidad ecológica de la región, deben apuntar a los más altos estándares de calidad y exigencia para asegurar una adecuada conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
En definitiva, se deberán priorizar iniciativas que se adapten a los ciclos, y balances de la Naturaleza, ajustarse a los ritmos propios de reproducción en los ecosistemas, respetar las formas de vida, salvaguardar los derechos de las poblaciones locales y los pueblos indígenas. O sea, una perspectiva que permita transitar hacia nuevas culturas respetuosas de la Naturaleza.
Las iniciativas que vinculen objetivos ambientales con la integración regional merecen especial atención. Entre ellos destacamos aquellas orientadas a fomentar un adecuado uso y manejo de las riquezas naturales compartidas y ecosistemas en zonas de frontera. El Banco debe ir más allá de las posturas convencionales que reducen la integración a formas de interconexión, especialmente como ejes de vinculación física.
Un similar problema se vive en muchos emprendimientos de interconexión energética. La integración, en la visión del Banco del Sur, debe ser asumida como un proceso más abarcador, que no se agota en simples reflexiones y cálculos comerciales. Debe ser una concepción de la integración que no puede poner en riesgo la vida de la Naturaleza y de las poblaciones locales. Esta nueva integración debe apuntar a políticas comunes en ambiente y desarrollo para reducir la presión sobre los ecosistemas, articular las producciones nacionales para reducir las asimetrías dentro de la región, y resolver los problemas de nutrición, pobreza y calidad de vida de nuestros propios pueblos, fomentando la soberanía alimentaria.
Los mecanismos clásicos para la evaluación y selección de proyectos han fracasado. Por eso, desde el Banco del Sur habrá que priorizar, no sólo dentro de la entidad, sino en toda la región, el diseño, difusión y práctica de sistemas de evaluación ajustados tanto a cada ecosistema como a los pueblos potencialmente afectados, los que deben incorporarse activamente en el proceso de selección, evaluación, consulta y consentimiento. Esas prácticas no pueden quedar restringidas a las evaluaciones económicas convencionales, sino que deben apelar a evaluaciones multicriteriales que incorporen los aspectos ecológicos, culturales, religiosos, etc. Las evaluaciones ambientales deberán ser más rigurosas en sopesar estos aspectos y propuestas de acción, para no ser apenas una justificación administrativa, ni procesos de consulta simbólicos. Esto exige procedimientos efectivos de acceso a la información y participación pública, que deben estar garantizados en todo momento por el Banco del Sur.
Es necesario subrayar la importancia de la consulta y participación activa de todas y todos, incluyendo decidídamente las nacionalidades indígenas, campesinos y otras poblaciones locales, mujeres y otros sectores sociales. Si bien ese objetivo es repetido con frecuencia en muchas declaraciones oficiales, en la práctica se mantienen limitaciones y opacidades y en muchos casos han desembocado en severos conflictos socio-ambientales en toda la región. Por lo tanto es necesario pasar a mecanismos e instrumentos que aseguren la información adecuada a las comunidades y su efectiva participación en el proceso de evaluación.
Existen muchos antecedentes del uso y aplicación de criterios y salvaguardas ambientales en estos y otros temas en la banca del desarrollo, tanto en los bancos multilaterales como regionales. El futuro Banco del Sur deberá aprovechar aquellas experiencias, muy especialmente sus errores, debilidades y limitaciones, para poder dar un paso hacia una institución de nueva generación donde esas condiciones ambientales y sociales efectivamente incorpore aspectos ambientales y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza en la práctica diaria del banco. Este nuevo banco debe apegarse siempre al principio que las actividades que financian “no dañen a las personas ni al ambiente”.
Enfrentados con la complejidad y diversidad de los ecosistemas latinoamericanos y caribeños, y su multiculturalidad, es evidente que las evaluaciones deben ser juiciosas y precavidas. Por lo tanto, el principio precautorio debe ser una referencia indiscutible en los procedimientos del banco. Este compromiso del Banco del Sur también debe nutrirse de los avances en la justicia social y ambiental, y entre ellos el paso sustantivo dado en Ecuador con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en su nueva Constitución. Esta nueva visión sobre la valoración del ambiente debe ser incorporada
efectivamente en el Código de Ética del futuro banco.
Consecuentemente, el Banco del Sur no debería promover emprendimientos que afecten hábitats críticos, sitios de alta biodiversidad o endemismo, o que afecten especies en peligro, territorios indígenas o aquellos que amenacen la soberanía alimentaria. En cambio, debería apoyar iniciativas como la conservación y restauración de la Naturaleza, y el uso sustentable de los recursos naturales y permitan construir soberanías sobre esos recursos. Desde este punto de vista es indispensable que el Banco del Sur priorice sus recursos y créditos en aquellos proyectos que hagan realidad la soberanía alimentaria y la soberanía energética, especialmente desde la lógica de una soberanía regional a construir.
La región enfrenta urgencias en los sectores que combinan la calidad de vida, salud y la protección ambiental, tales como el saneamiento y el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y emisiones de gases, así como en la creciente dependencia de fuentes de energía fósil con sus consecuentes impactos sociales y ambientales, locales y globales. Todavía predomina un modelo económico extractivista, cuyas patologías son ampliamente conocidas. Superar esta perversa realidad es otra de las tareas que debe emprender el Banco del Sur. En resumen, este banco debe ser un actor que garantice el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.
El Banco del Sur, además, deberá prepararse para ser parte de las nuevas estructuras financieras regionales, subregionales y nacionales, que preparen a nuestros países para los inevitables impactos de los cambios climáticos que están produciéndose y se producirán a escala global.
Asimismo, a nivel global se deberá contribuir al manejo sustentable y eficiente de los flujos financieros. El banco no puede ser, en ninguna circunstancia, un partícipe de los procesos de especulación financiera clásica o de aquellos esquemas financieros que si bien puedan usar el rótulo de “instrumentos de financiamiento verdes”, en realidad reproducen la lógica de acumulación tradicional del capital financiero internacional. Es necesario alentar un mayor protagonismo de fondos y otros mecanismos de inversión que estén genuinamente inspirados en principios éticos sociales y ambientales. Asimismo, el Banco del Sur deberá ser un promotor para conseguir el resarcimiento de la deuda ecológica y social.
Los adherentes a esta declaración desean felicitar al gobierno de Ecuador, y en especial a la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional y el Banco del Sur, por su iniciativa en promover este debate plural a nivel continental. Consecuentemente esperamos que este liderazgo en esta materia se mantenga. Solicitamos a los gobiernos de los demás países de la región que apoyen la incorporación real y efectiva de una dimensión socioecológica en el futuro Banco del Sur. En ese camino, esperamos que todos los gobiernos concreten la puesta en marcha del Banco del Sur.
Los adherentes a esta declaración lo hacen, en unos casos a nivel institucional y en otros casos a título personal e individual.
En Quito, el 6 agosto 2009.
Organizaciones y redes:
Acción Ecológica, Ecuador
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay
Ecociencia, Ecuador
Ecuador Decide, Ecuador
FASE - Solidariedade e Educação, Brasil
Fundación Solón, Bolivia
Fundación Pachamama, Ecuador
GRAIN
Grito de los Excluidos Mesoamerica.
Instituto Equit, Brasil
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
Instituto del Tercer Mundo (ITEM), Uruguay
Latindadd América Latina
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Bolivia
Nexos Culturales, Ecuador
Oilwatch Sudamérica
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP), Brasil
Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Capítulo Latinoamericano
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE),
capítulo Ecuador
El ímpetu y compromiso con la integración regional latinoamericana y la crisis económica
global, antes que obstáculos, brinda nuevas oportunidades para incorporar esa dimensión ambiental que aliente una economía solidaria y sostenible.
La incorporación de la dimensión ambiental requiere diversos componentes, tanto en el plano de la nueva institucionalidad económica regional como específicamente en el seno del Banco del Sur. Este banco, por sus compromisos con el desarrollo económico, social y la integración regional, requiere de esa nueva visión.
Un nuevo estilo de desarrollo resulta imperioso para la región. Este debe basarse en aspectos no sólo económicos, sino especialmente socioambientales, tanto para poder aprovechar de manera sustentable las enormes riquezas ecológicas y culturales que albergan nuestros países, como por las crecientes evidencias de su pérdida y deterioro.
La visión del Banco del Sur debe incorporar desde el diseño inicial de sus políticas la justicia social y ambiental. En ese sentido, se debe contar con un Código de Ética vinculante en temas ambientales y socioambientales, en tanto sirve como inspiración y guía de las actividades de la institución. Una nueva estrategia de desarrollo y una nueva relación con la Naturaleza es una cuestión vital para avanzar en la construcción del Buen Vivir.
El Banco del Sur debe contar con criterios y salvaguardas ambientales a lo largo de todo el ciclo de sus proyectos, desde su concepción, durante su ejecución y una vez finalizados. También debe generar incentivos para consolidar otra forma de vida armónica con los ciclos de la Naturaleza y alentar otros estilos de producción y consumo, procesos productivos de menor impacto ambiental, uso cuidadoso de materia y energía, y una mayor generación de trabajo dignificante. Esos criterios, reconociendo la diversidad ecológica de la región, deben apuntar a los más altos estándares de calidad y exigencia para asegurar una adecuada conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
En definitiva, se deberán priorizar iniciativas que se adapten a los ciclos, y balances de la Naturaleza, ajustarse a los ritmos propios de reproducción en los ecosistemas, respetar las formas de vida, salvaguardar los derechos de las poblaciones locales y los pueblos indígenas. O sea, una perspectiva que permita transitar hacia nuevas culturas respetuosas de la Naturaleza.
Las iniciativas que vinculen objetivos ambientales con la integración regional merecen especial atención. Entre ellos destacamos aquellas orientadas a fomentar un adecuado uso y manejo de las riquezas naturales compartidas y ecosistemas en zonas de frontera. El Banco debe ir más allá de las posturas convencionales que reducen la integración a formas de interconexión, especialmente como ejes de vinculación física.
Un similar problema se vive en muchos emprendimientos de interconexión energética. La integración, en la visión del Banco del Sur, debe ser asumida como un proceso más abarcador, que no se agota en simples reflexiones y cálculos comerciales. Debe ser una concepción de la integración que no puede poner en riesgo la vida de la Naturaleza y de las poblaciones locales. Esta nueva integración debe apuntar a políticas comunes en ambiente y desarrollo para reducir la presión sobre los ecosistemas, articular las producciones nacionales para reducir las asimetrías dentro de la región, y resolver los problemas de nutrición, pobreza y calidad de vida de nuestros propios pueblos, fomentando la soberanía alimentaria.
Los mecanismos clásicos para la evaluación y selección de proyectos han fracasado. Por eso, desde el Banco del Sur habrá que priorizar, no sólo dentro de la entidad, sino en toda la región, el diseño, difusión y práctica de sistemas de evaluación ajustados tanto a cada ecosistema como a los pueblos potencialmente afectados, los que deben incorporarse activamente en el proceso de selección, evaluación, consulta y consentimiento. Esas prácticas no pueden quedar restringidas a las evaluaciones económicas convencionales, sino que deben apelar a evaluaciones multicriteriales que incorporen los aspectos ecológicos, culturales, religiosos, etc. Las evaluaciones ambientales deberán ser más rigurosas en sopesar estos aspectos y propuestas de acción, para no ser apenas una justificación administrativa, ni procesos de consulta simbólicos. Esto exige procedimientos efectivos de acceso a la información y participación pública, que deben estar garantizados en todo momento por el Banco del Sur.
Es necesario subrayar la importancia de la consulta y participación activa de todas y todos, incluyendo decidídamente las nacionalidades indígenas, campesinos y otras poblaciones locales, mujeres y otros sectores sociales. Si bien ese objetivo es repetido con frecuencia en muchas declaraciones oficiales, en la práctica se mantienen limitaciones y opacidades y en muchos casos han desembocado en severos conflictos socio-ambientales en toda la región. Por lo tanto es necesario pasar a mecanismos e instrumentos que aseguren la información adecuada a las comunidades y su efectiva participación en el proceso de evaluación.
Existen muchos antecedentes del uso y aplicación de criterios y salvaguardas ambientales en estos y otros temas en la banca del desarrollo, tanto en los bancos multilaterales como regionales. El futuro Banco del Sur deberá aprovechar aquellas experiencias, muy especialmente sus errores, debilidades y limitaciones, para poder dar un paso hacia una institución de nueva generación donde esas condiciones ambientales y sociales efectivamente incorpore aspectos ambientales y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza en la práctica diaria del banco. Este nuevo banco debe apegarse siempre al principio que las actividades que financian “no dañen a las personas ni al ambiente”.
Enfrentados con la complejidad y diversidad de los ecosistemas latinoamericanos y caribeños, y su multiculturalidad, es evidente que las evaluaciones deben ser juiciosas y precavidas. Por lo tanto, el principio precautorio debe ser una referencia indiscutible en los procedimientos del banco. Este compromiso del Banco del Sur también debe nutrirse de los avances en la justicia social y ambiental, y entre ellos el paso sustantivo dado en Ecuador con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en su nueva Constitución. Esta nueva visión sobre la valoración del ambiente debe ser incorporada
efectivamente en el Código de Ética del futuro banco.
Consecuentemente, el Banco del Sur no debería promover emprendimientos que afecten hábitats críticos, sitios de alta biodiversidad o endemismo, o que afecten especies en peligro, territorios indígenas o aquellos que amenacen la soberanía alimentaria. En cambio, debería apoyar iniciativas como la conservación y restauración de la Naturaleza, y el uso sustentable de los recursos naturales y permitan construir soberanías sobre esos recursos. Desde este punto de vista es indispensable que el Banco del Sur priorice sus recursos y créditos en aquellos proyectos que hagan realidad la soberanía alimentaria y la soberanía energética, especialmente desde la lógica de una soberanía regional a construir.
La región enfrenta urgencias en los sectores que combinan la calidad de vida, salud y la protección ambiental, tales como el saneamiento y el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y emisiones de gases, así como en la creciente dependencia de fuentes de energía fósil con sus consecuentes impactos sociales y ambientales, locales y globales. Todavía predomina un modelo económico extractivista, cuyas patologías son ampliamente conocidas. Superar esta perversa realidad es otra de las tareas que debe emprender el Banco del Sur. En resumen, este banco debe ser un actor que garantice el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.
El Banco del Sur, además, deberá prepararse para ser parte de las nuevas estructuras financieras regionales, subregionales y nacionales, que preparen a nuestros países para los inevitables impactos de los cambios climáticos que están produciéndose y se producirán a escala global.
Asimismo, a nivel global se deberá contribuir al manejo sustentable y eficiente de los flujos financieros. El banco no puede ser, en ninguna circunstancia, un partícipe de los procesos de especulación financiera clásica o de aquellos esquemas financieros que si bien puedan usar el rótulo de “instrumentos de financiamiento verdes”, en realidad reproducen la lógica de acumulación tradicional del capital financiero internacional. Es necesario alentar un mayor protagonismo de fondos y otros mecanismos de inversión que estén genuinamente inspirados en principios éticos sociales y ambientales. Asimismo, el Banco del Sur deberá ser un promotor para conseguir el resarcimiento de la deuda ecológica y social.
Los adherentes a esta declaración desean felicitar al gobierno de Ecuador, y en especial a la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional y el Banco del Sur, por su iniciativa en promover este debate plural a nivel continental. Consecuentemente esperamos que este liderazgo en esta materia se mantenga. Solicitamos a los gobiernos de los demás países de la región que apoyen la incorporación real y efectiva de una dimensión socioecológica en el futuro Banco del Sur. En ese camino, esperamos que todos los gobiernos concreten la puesta en marcha del Banco del Sur.
Los adherentes a esta declaración lo hacen, en unos casos a nivel institucional y en otros casos a título personal e individual.
En Quito, el 6 agosto 2009.
Organizaciones y redes:
Acción Ecológica, Ecuador
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay
Ecociencia, Ecuador
Ecuador Decide, Ecuador
FASE - Solidariedade e Educação, Brasil
Fundación Solón, Bolivia
Fundación Pachamama, Ecuador
GRAIN
Grito de los Excluidos Mesoamerica.
Instituto Equit, Brasil
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
Instituto del Tercer Mundo (ITEM), Uruguay
Latindadd América Latina
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Bolivia
Nexos Culturales, Ecuador
Oilwatch Sudamérica
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP), Brasil
Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Capítulo Latinoamericano
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE),
capítulo Ecuador
martes, 11 de agosto de 2009
Preocupan Planes REDD.....
Articulo publicado en:
http://www.servindi.org/actualidad/15190
"El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que: “…REDD nos despojará de nuestras tierras… y los comerciantes de carbono tendrán control sobre nuestros bosques” lo que afectaría a 60 millones de indígenas que dependen de los bosques."
La propuesta de Australia e Indonesia incluye en"... el acuerdo internacional ha adoptado las referencias a ”REDD Plus”, que podrían crear créditos de carbono para las plantaciones de cultivos como el aceite de palma, que son causantes de la deforestación de las selvas tropicales en Asia.
expresó su alarma por la eliminación de las referencias a la protección de los bosques mediante los mecanismo REDD mientras que han aumentado las referencias generales a la "gestión forestal sostenible." [tala y actividad maderera]
La situación hizo recordar a algunos activistas la denuncia de estafadores que roban a la gente de las comunidades de Papua Nueva Guinea, viajando a las aldeas a ofrecer falsos contratos del comercio de carbono y prometiendo grandes ganancias del “dinero del cielo”.
Tal como lo informó en junio,Ilya Gridneff en Port Moresby, de la Australian Associated Press, el fraude con el comercio de carbono ha engañado al menos 500 aldeanos en la región de Popondetta, la provincia de Oro, en la costa noroeste.
"Las objeciones y los temores de los pueblos indígenas fueron confirmados por el propio Documento Marco del Programa ONU-REDD en el que se afirma que el programa podría “privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones de desarrollar sus tierras”.
En las páginas 4 y 5 de dicho documento se declara que los “avances en el área del manejo forestal podrían perderse”; que “podría causar la clausura de los bosques al desvincular la conservación del desarrollo o la erosión de las prácticas de conservación sin fines de lucro, basadas en valores culturales”.
Asimismo, se destacó que “los beneficios de REDD en algunas circunstancias, podrían tener que canjearse por otros beneficios sociales, económicos y ambientales”.
En el prudente lenguaje típico de las Naciones Unidas, el documento reconoce también que REDD podría causar graves violaciones de los derechos humanos y ser desastroso para los pobres, ya que REDD puede “marginalizar a los sin tierra y aquellos…con derechos comunales de uso”.
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